El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Dependencia tras incorporar enmiendas del PP y rechaza las propuestas de retorno al texto original

Dictamen de la Comisión de Derechos Sociales y trámite de urgencia

La presidenta María Salón Coy informó que el proyecto tuvo entrada en la cámara el 20 de julio de 2026, fecha de su publicación en el boletín oficial de las Cortes Generales en la sección del Senado, tramitándose por el procedimiento de urgencia. El plazo para presentar enmiendas y propuestas de veto finalizó el 24 de julio de 2026. Se presentaron un total de 152 enmiendas; de estas, las número 52 de la senadora Carla Delgado Gómez y la 88 de los senadores Eduard Puyol Bonet y Francesc Chevié Ten Costa Gómez fueron retiradas posteriormente, dejando 150 enmiendas debatidas por la ponencia.

La ponencia, compuesta por las senadoras Nerea Aedo Seba, Marta Arocha Correa, Bienvenido de Arriba Sánchez, María del Mar Caballero Martínez, Cristina Casanueva Jiménez, Carla Delgado Gómez, Olaya Duarte López, María del Lirio Martín García, Francesc Chevié Ten Costa y María Salón Coy, emitió informe el día 2 de septiembre de 2026. La ponencia acordó, por mayoría, incorporar al texto remitido por el Congreso las enmiendas número 48 de la senadora Da Silva Méndez, 58 y 64 del Grupo Vasco, 66, 70, 83, 95 y 101 de los senadores Puyol Bonet y Ten Costa Gómez, 108, 110 a 138, 141 a 148, 151 y 152 del Grupo Parlamentario Popular. Asimismo, se incorporaron las enmiendas transaccionadas con número de registro del 90.679 a 90.688, procedentes de las enmiendas 61, 65, 78, 79, 85, 96, 99, 100, 103, 104, 109, 139, 140, 149 y 150. El día 3 de septiembre de 2026 la Comisión ratificó los nombramientos de ponentes y aprobó el dictamen del texto propuesto por la ponencia, presentándose un total de ocho votos particulares para su debate y votación en la sesión plenaria.

Intervenciones en el turno de portavoces: Izquierda Confederal, Popular y Junts

El turno de portavoces comenzó con el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, que hizo uso de la palabra la senadora Delgado Gómez. La portavoz del grupo señaló que la ley cambia el sistema de cuidados reconociendo el derecho de las personas en situación de dependencia a decidir sobre prestaciones y servicios, abandonando la cultura asistencialista por la de los derechos. Citó tres ejemplos: una persona atrapada en su casa sin ascensor entre 100.000 personas en España; una mujer que dejó su trabajo para cuidar de su madre durante nueve años y a quien se le reclamó devolver la prestación de los días restantes tras el fallecimiento de su madre; y una persona a quien ofrecieron una residencia a 60 kilómetros de su domicilio habitual por no haber plaza en el cercano.

La senadora Delgado Gómez afirmó que la ley facilita la accesibilidad para portales inaccesibles, permite que las personas cuidadoras no devuelvan nada y garantiza ayuda en el domicilio sin perder el turno ni reiterar el orden de prioridad. Señaló que se sacan recortes del año 2012 cuando gobernaba el Partido Popular, eliminando la obligación de elegir entre centro de día o cuidados en casa, suprimiendo el plazo suspensivo de dos años para cobrar prestaciones y reduciendo el plazo para resolver de seis meses a tres meses. Indicó que la teleasistencia deja de depender del código postal, se puede exigir atención temprana y los apoyos de asistencia personal se prestan bajo la dirección de la persona.

La senadora Delgado Gómez exigió al Gobierno presentar en un plazo de 12 meses una ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida por haber sido incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad, calificando esto como una deuda histórica que se resuelve con esta ley. Respondiendo a quienes dicen que la ley es un brindis al sol o no tiene presupuesto, afirmó que el 50% de la financiación estatal es obligación legal y este Gobierno aporta 7.200 millones en 2027, el doble que en 2025. Criticó las enmiendas aprobadas a golpe de rodillo por el Partido Popular, indicando que sus 45 enmiendas entraron todas mientras solo entraron las de Junts, algunas del PNV y alguna del Venega, pero ninguna de EH Bildu, Esquerra ni las dos presentadas por el Grupo Socialista. Consideró lamentable que las enmiendas del PP empeoren el texto al modificar la prioridad para ceder a los servicios, poniendo primero la capacidad de la persona solicitante y después el tiempo de espera, lo que permitiría que quien lleva meses esperando vaya detrás de quien lo haya solicitado ayer. Señaló que se vacía la educación inclusiva dejando de lado la Convención de Naciones Unidas y el artículo 49 de la Constitución, se pretende suprimir la definición de vivienda digna y el grupo de trabajo estatal de financiación, y criticó el gasto de 6,3 millones de euros en un ático para el capricho de la señora Ayuso. Denunció que intentan borrar a las personas LGTBIQ Plus de la ley y que pretenden que la aprobación salte al próximo ejercicio presupuestario. Afirmó que esta ley es un éxito del Gobierno progresista y del Ministerio de Derechos Sociales, llegando al pleno peor de lo que entró pero que gracias a la democracia saldrá adelante en el Congreso sin sus enmiendas.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular hizo uso de la palabra la senadora Cristina Casanueva Jiménez, quien agradeció el trabajo de la letrada Clara Garrido y señaló que hoy se debaten reformas fundidas en un único texto que no resuelve los problemas que dicen querer resolver. Afirmó que los derechos sin financiación es hipocresía social, criticando al Gobierno por llevar casi cuatro años sin presupuesto y acumular un impago histórico de ocho años, financiándose todos los derechos con un decreto solo para dos años. Consideró curioso que si los derechos los paga el Gobierno sea mucho gasto, pero si los pagan las comunidades autónomas sí haya acuerdo, y señaló que la reforma llegó al Senado de forma urgente tras estar más de un año paralizada en el Congreso con un texto peor que el inicial, lo que pone de manifiesto debilidad del Gobierno. Dijo que desde el PP reconocen los derechos y avances pero de una manera seria con financiación, y que corrigen el texto para garantizar la utilidad de la ley. Señaló que las enmiendas sobre la CUME están dentro de las 45 presentadas por el Partido Popular y que hoy quieren poner el valor a las familias afectadas. Informó de acuerdos con diferentes grupos, entre ellos Junts y PNV, y del anuncio de voto favorable a otro grupo para mejorar la calidad de vida y derechos de muchas personas. Indicó que en esta ley el Gobierno se había olvidado de Ceuta y Melilla, mientras que el PP mejora la seguridad jurídica reconociendo la singularidad institucional de ambos territorios. Añadió que introducen la defensa del medio rural para garantizar que las personas con discapacidad y dependencia puedan seguir.

El senador Alonso Coronel, del Grupo Parlamentario Vox, defendió la presentación de 20 enmiendas (números 22 a 41) al proyecto de ley, argumentando que no son meras correcciones formales sino que responden a una concepción de política social con menos carga ideológica y más seguridad para las familias. Explicó que sus propuestas se basan en cuatro criterios: mejorar la claridad y neutralidad de la norma, garantizar la igualdad entre españoles, defender la prioridad nacional y asegurar la continuidad de los derechos de las personas dependientes. Sobre el lenguaje jurídico, la enmienda 22 propone sustituir las expresiones ‘niños y niñas’ por el término ‘menores’, considerándolo preciso según el ordenamiento jurídico español. En relación con definiciones y preceptos, las enmiendas 22 a 28 introducen conceptos como perspectiva de género e identidad sexual, pero el orador afirmó que la protección debe fundamentarse en la situación objetiva de discapacidad o necesidad, evitando clasificaciones previas que no responden a las preocupaciones reales de las familias, como recibir prestaciones a tiempo. Citing el artículo 14 de la Constitución, señaló que la protección no debería depender de categorías políticas. Las enmiendas 30, 31 y 32 mantienen garantías de accesibilidad y acción positiva aplicables a quien se encuentre en situación de necesidad. La enmienda 29 propone un régimen común de infracciones y sanciones para evitar que el nivel de protección dependa del territorio, rechazando que el código postal determine la intensidad de los derechos sociales. La enmienda 34 aplica este principio al Sistema Nacional de Salud, exigiendo igualdad de condiciones en todo el territorio nacional. La enmienda 35 aborda la valoración de la dependencia, proponiendo criterios y pautas comunes para todo el territorio nacional para evitar resultados sustanciales distintos según la comunidad autónoma. La enmienda 36 garantiza que una persona dependiente que cambia de residencia vea garantizadas las prestaciones que ya tenía reconocidas en su anterior comunidad. La enmienda 37 propone convertir en obligación al Consejo Territorial acordar criterios generales para determinar la capacidad económica de los beneficiarios, en lugar de dejarlo como mera posibilidad. Sobre requisitos de acceso, la enmienda 33 recupera requisitos relacionados con la nacionalidad y residencia, eliminando excepciones para solicitantes de prestación internacional. Finalmente, las enmiendas sobre organización administrativa: la 38 propone suprimir el Consorcio Centro Estatal de Competencias e Innovación Social; la 40 sugiere que tareas de seguimiento se desarrollen mediante estructuras existentes; la 39 propone la supresión de la disposición adicional relativa a la ventanilla única; y la 41 plantea la supresión de la habilitación legislativa concedida al Gobierno para aprobar el texto refundido de la Ley de Propiedad Horizontal en materia de eliminación de barreras arquitectónicas. El senador Alonso Coronel concluyó solicitando el voto favorable en el Pleno, argumentando que la norma debe usar criterios jurídicos claros y garantizar protección equivalente en toda España.

Por su parte, la senadora Da Silva, del Grupo Parlamentario Plural (Junts), presentó una serie de enmiendas (números 42 a 47 y 49 a 51) para mejorar el texto procedente del Congreso, muchas de ellas propuestas por colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Estas enmiendas buscan garantizar la normativa de accesibilidad laboral, integrar necesidades específicas en el diseño universal de nuevos desarrollos residenciales, garantizar apoyos para la autonomía, reconocer derechos para cuidadoras no profesionales (mayoritariamente mujeres), introducir servicios de adecuación del hogar y priorizar servicios de autonomía personal con financiación equivalente a la de otras plazas. También proponen un sistema independiente de evaluación del servicio de ayuda a domicilio y una regulación concreta del servicio de asistencia personal. La senadora Da Silva señaló que la enmienda 48, sobre asistencia en zonas rurales o menos pobladas, es importante para Galicia, pero no pueden votar a favor del dictamen porque incorpora modificaciones sobre el modelo educativo contrarias a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que se abstendrán en la votación. Reiteró que sin financiación no hay derechos y recordó el compromiso del Estado de financiar el 50% de los costes reales, aunque advirtió que los costes no son iguales en Galicia que en Madrid.

El senador Ten Costa, también del Grupo Parlamentario Plural (Junts), agradeció a los servicios de la Cámara y a diversas asociaciones como CERMI y la Plataforma Dorada. Destacó que Junts ha presentado 40 enmiendas para reordenar y mejorar la prestación CUME, eliminar el copago para el nivel de dependencia 3+ y reducir el IVA en productos de ayuda. Señaló que esta Cámara ya aprobó una proposición de ley para rebajar el IVA a los productos de dependencia, pero lamentó que siga sin prosperar. Propuso eliminar situaciones delicadas manteniendo la consideración de vivienda habitual en casos de mayores de 65 años y personas con discapacidad extrema que entran en residencia, aunque hayan transcurrido los dos años marca la ley, solicitando el voto a favor de la enmienda 105. Criticó al PSOE por no presentar ninguna enmienda ni acercamiento para matizar lo venido del Congreso. Aclaró que las enmiendas sobre presupuestos personales pueden no fructificar hoy pero son un instrumento para el futuro, introduciendo la definición y posibilidad de planes pilotos en materia de presupuestos personales (enmiendas 89, 90, 94). Consideró satisfactorias las transacciones con el Partido Popular. Sobre financiación, su enmienda 72 busca que el Estado coste el 50% de los incrementos de coste en prestaciones con grado 3 plus de dependencia extrema, situación que algunas comunidades autónomas como Cataluña y Galicia están prestando actualmente. Su enmienda 69 aborda las jubilaciones anticipadas de personas cuidadoras principales de gran dependientes, citando que las curas invisibles de las familias suponen más del 60% de la atención recibida por una persona dependiente. Rechazó el copago para el nivel 3 Plus y defendió que todas las ayudas sean compatibles y no sustitutivas, incluyendo a personas con otras enfermedades o procesos de alta complejidad e irreversible, también menores. Mencionó mejoras en inclusión y teleasistencia bajo el lema ‘Para Cataluña, juntos’.

El senador Reniu Vila Mala, del Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia (Esquerra Republicana de Catalunya), explicó que su grupo ha trabajado para poner al día la ley tras el trámite exitoso en el Congreso con apoyo de EH Bildu y BNG. Señaló que cuatro enmiendas presentadas únicamente por Esquerra Republicana siguen vivas: la primera aumenta el porcentaje de viviendas destinadas a mayor accesibilidad; las enmiendas 2 y 3 flexibilizan el catálogo de servicios y prestaciones; y la enmienda 4 intenta dar una respuesta para mejorar la vida de las personas afectadas por la polio. Preguntó a los grupos de la Cámara si podían explicar por qué no hubo mayor interés en estas medidas, considerando injustificada la falta de viviendas accesibles o el sentido de flexibilizar el catálogo de servicios.

La senadora Reniu, del Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia, Esquerra Republicana de Catalunya, Escalera Bildu y el Venegá, solicitó atención para los enfermos del Apolio y anunció la defensa conjunta de las enmiendas 20 y 21. Posteriormente, le correspondió el uso de la palabra a la senadora Duarte López, también del Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, quien defendió las enmiendas 5 a 19 suscritas por ella y el senador L. G. Barrieta Díaz. La senadora Duarte López explicó que el proyecto DELEID aborda el aumento de la esperanza de vida y la convivencia con dependencias crónicas como logros colectivos fruto de inversiones en sanidad, educación y protección social, pero advirtió que la longevidad no llega igualitariamente si faltan servicios públicos de cuidados. Señaló que ser dependiente penaliza económicamente a familias y personas, destacando que miles de mujeres han asumido estos cuidados gratis durante generaciones. La senadora indicó que Euskal Herria Bildu presenta 15 enmiendas para ampliar derechos y resarcir una deuda histórica. Cifró que la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales publicó que más de 15.000 personas fallecieron en listas de espera de dependencia en el primer semestre de 2026, lo que equivale a 85 personas al día o una cada 17 minutos. Detalló que en Gipuzkoa más de 900 personas están en lista para residencias y más de 400 para centros de día. Explicó que la propuesta obliga a realizar valoraciones de dependencia en tres meses, frente a los seis meses que tardaban en Nafarroa y hasta un año en algunas comunidades autónomas. Propuso tramitar con urgencia las valoraciones, atender a menores de cinco años con dependencia independientemente del periodo de residencia de sus padres, eliminar la participación de la iniciativa privada en plazas residenciales y limitar el modelo chequeservicio. Criticó los modelos de gestión por prestación económica vinculada al servicio, donde las administraciones pagan unas 900 euros mensuales a familias para que se costeen plazas privadas que en Gipuzkoa alcanzan los 4.000 euros. Defendió la compatibilidad de todos los servicios de dependencia y la inclusión en el catálogo del cuidado de personas cuidadoras con asesoramiento, apoyo psicológico y medidas laborales. Propuso crear un observatorio de prevención de malos tratos y gestión de calidad, atender a personas afectadas por polio y reparar víctimas de esterilización forzada. Solicitó el reconocimiento de prestaciones económicas con efecto retroactivo desde la solicitud y valoración, así como la exención completa del copago para cuidados personales,