El Congreso aprueba la concesión de nacionalidad a los saharauis nacidos bajo soberanía española tras un intenso debate sobre la historia colonial y la crisis en Ceuta

Reconocimiento de la nacionalidad al pueblo saharaui

El presidente del Congreso ha abierto la sesión para continuar con el punto relativo a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, específicamente en torno a la proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a los y las saharauis nacidos bajo la Administración española. El Grupo Parlamentario Popular ha defendido sus enmiendas a través del diputado Muñoz Abrines, quien ha afirmado que la política exterior debe ser una política de Estado basada en el consenso de todas las fuerzas políticas y con constancia, coherencia y transparencia en el diálogo entre Gobierno y oposición. Según Muñoz Abrines, el Gobierno de Pedro Sánchez habría convertido dicha política en un instrumento de confrontación al cambiar la defensa del interés nacional por la promoción exclusiva del interés particular del presidente para salvar su política interior. El orador ha señalado que, según su grupo, España mantuvo durante 40 años una posición constante y coherente respecto al Sahara conocida como neutralidad activa, con amplio consenso en todos los gobiernos de la democracia hasta marzo de 2022. Muñoz Abrines ha atribuido a Pedro Sánchez y al PSOE haber modificado esa posición mediante una carta del presidente al rey de Marruecos, lo que habría supuesto abandonar la defensa del Sáhara por un plan de autonomía bajo soberanía marroquí sin informar previamente a las Cortes Generales ni a sus socios de gobierno. El portavoz del Grupo Popular ha cuestionado el cambio de postura del PSOE, recordando que este grupo votó en contra de la toma en consideración de la ley y que su portavoz socialista había declarado en 2016 que existía un consenso para equiparar el proceso saharauí al de Guinea Ecuatorial, rechazando la carta de naturaleza. Muñoz Abrines ha defendido sus enmiendas por concurrencia política, histórica y jurídica, argumentando que la carta de naturaleza debe ser excepcional y limitada tras análisis individualizados, mientras que la ley actual no ofrece garantías de aplicación adecuada.

Por su parte, la diputada Mikko del Grupo Parlamentario Mixto ha hablado sobre Fatimetu, una niña de 10 años refugiada en los campamentos saharauis que pasó dos meses en Valencia gracias al programa Vacaciones en Paz antes de volver a La Madrasa. Según Mikko, la ley reconoce la nacionalidad a quienes nacieron bajo la administración española, llegando 50 años tarde tras el abandono del territorio por España en 1976 y dejando un territorio merced a la ocupación marroquí. La diputada ha declarado que la solidaridad no puede sustituir la responsabilidad de un Estado y que, aunque el voto no borra 50 años ni acaba con la ocupación, abre una puerta para quienes llevan esperando este momento. El diputado Ruego del Bloque Nacionalista Galego ha saludado a los representantes del pueblo saharauí y ha afirmado que su grupo considera el acto de justicia y reparación necesario pero insuficiente debido a la responsabilidad histórica por no proceder a la descolonización y permitir un estado saharauí libre. Según Ruego, existe una responsabilidad por no haber descolonizado el territorio tras los acuerdos tripartitos de Madrid, declarados jurídicamente no vinculantes por la ONU, y ha llamado al Gobierno a rectificar su apoyo a las pretensiones marroquíneas para avanzar hacia una República Árabe Saharauí Democrática reconocida internacionalmente. La diputada Velarde Gómez de Unidas Podemos ha indicado que esta iniciativa la han traído durante mucho tiempo al Congreso desde su formación y que, aunque el gobierno socialista retiró enmiendas transaccionales presentadas por ellos en comisión, el grupo apoyará la ley porque es una reparación parcial de una injusticia histórica. Según Velarde Gómez, la nacionalidad española no puede convertirse en moneda de cambio diplomática ni sustituir a la autodeterminación del pueblo saharauí, y ha advertido que no aceptarán utilizar al pueblo saharauí como excusa para retirar apoyo político al derecho de autodeterminación. Finalmente, el diputado Legar Dauriarte del Grupo Parlamentario Vasco-PNV ha defendido la ley para reparar una responsabilidad histórica y deuda moral de España con el pueblo del Sahara Occidental, que desde 1958 hasta febrero de 1976 se encontraba bajo soberanía española. Según Legar Dauriarte, tras los acuerdos tripartitos se entregó el territorio a Marruecos y Mauritania, abandonando la nacionalidad española de la población saharauí, aunque dejando un plazo que buena parte no pudo ejercitar. El orador ha recordado las resoluciones de Naciones Unidas para descolonizar el territorio, el reconocimiento del derecho a la libre determinación por el Tribunal Internacional de Justicia, las revueltas nacionalistas, la creación del Frente Polisario y la invasión marroquí con la Marcha Verde tras el anuncio de un referéndum de autodeterminación en 1975. Legar Dauriarte ha reclamado al presidente Sánchez que revertiera lo manifestado al rey de Marruecos en marzo de 2022 y se posicionara lejos de la postura del presidente Macron, quien considera la propuesta marroquí de autonomía como la única realista y viable. El diputado ha propuesto que las circunstancias excepcionales del artículo 21.1 del Código Civil se consideren cumplidas por ope legis para los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, extendiendo esta posibilidad a sus descendientes en primer grado y reduciendo el plazo de residencia a dos años, equiparándolo al vigente para nacionales de países con relación histórica y sefardíes. El diputado Iñárritu García del Grupo Parlamentario Scalería-Vildo ha saludado a los representantes del pueblo saharauí y al Frente Polisario en España y ha declarado que la medida, aunque llega tarde, es positiva, justa y repara una situación injusta producida hace más de 50 años. Según Iñárritu García, la concesión o restitución de la nacionalidad corrige la situación en la que la inmensa mayoría perdió su nacionalidad tras el abandono del territorio por España y la ocupación por Mauritania y Marruecos, sin poder solicitarla en ese lapso de tiempo.

El diputado Santiago Romero, portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional-Sumar, abrió la intervención solicitando la aprobación de la recuperación de la nacionalidad española para las y los saharauís, calificando a la dictadura de Franco como responsable de haber arrebatado esa nacionalidad en un acto que denominó traición y cobardía tras la entrega del Sahara a Marruecos. Romero recordó que Izquierda Unida ya propuso durante la tramitación de la Ley de Nacionalidad Española a los sefardíes, en 2014, incluir también al pueblo saharauí y reducir el tiempo de residencia a dos años, medida que no se aprobó. En 2016, la diputada Esther Capella, del Grupo Esquerra Republicana de Catalunya, consiguió que esta Cámara pidiera al Gobierno la recuperación de la nacionalidad para los saharauís. En la anterior legislatura se registró una proposición de ley impulsada por Unidas Podemos que fue tomada en consideración pero no llegó a aprobarse. En 2023, el Grupo Parlamentario de Sumar presentó otra vez esta proposición de ley que ha sido tramitada. Romero señaló que las fuerzas políticas han variado su voto: del no al sí, salvo el Partido Socialista y el Partido Popular que votaron en contra o se abstuvieron, mientras que Vox fue la única fuerza política que hasta ahora nunca había votado a favor en ninguna legislatura. Romero agradeció la solidaridad de años de la coordinadora estatal de amistad con el Sáhara y de la campaña vacaciones en paz iniciada hace décadas por el Partido Comunista de España y por el poeta Marcosana, y pidió aprobar por unanimidad esta ley para reparar al pueblo saharauí y enviar un mensaje contundente de defensa de la legalidad internacional.

La diputada Andala Ubi, también del Grupo Parlamentario Plurinacional-Sumar, agradeció a los representantes del pueblo saharauí que hoy les acompañan en un día histórico. Expuso una analogía con la película La Terminal de Tom Hanks para explicar la complejidad que atraviesa cualquier saharauí para conseguir no solo una nacionalidad, sino una simple residencia y vivir en igualdad de condiciones en el territorio español. Ubi recordó que hace 50 años sus padres tuvieron el DNI español y que hoy se habla del limbo jurídico ilegal tras devolver ese documento a aquellos saharauís que un día lo tuvieron y al estado se lo quitó. La segunda parte de la norma, según Ubi, iguala derechos y repara una injusticia histórica consistente en reducir a dos años la tramitación una vez se tiene una residencia legal en España. Hasta ahora, los saharauís tardaban entre 10, 14 o 24 años para poder solicitar la nacionalidad española, teniendo padre español y con residencia legal. Ubi aclaró que las enmiendas presentadas por el Partido Popular piden la supresión total de la norma o afirman que la Carta de Naturaleza no es el camino, pero señaló que los saharauís eran españoles por origen y que lo que se presenta es una enmienda para que sean españoles después de residir dos años. Ubi indicó que los saharauís nacidos durante la dictadura eran españoles por origen, efectivamente, no por Carta de Naturaleza, pero aplicando pragmatismo ha sido el único mecanismo en la negociación colectiva conseguido. La diputada concluyó diciendo que hoy esta norma puede salir adelante y que sinceramente no comparte ninguna abstención, pues el pueblo saharauí necesita y merece hechos y está cansado del apoyo reiterado y de las palabras.

En la sesión del Congreso de los Diputados se han desarrollado intervenciones sobre la proposición de ley relativa a la concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española y sus descendientes, así como sobre una iniciativa para responder a la crisis de seguridad en Ceuta. Durante su intervención, el orador del Grupo Parlamentario Socialista, Enrique Santiago, afirmó que la ley aprobada hace 50 años es de todos los presentes en la sala y destacó que Ernest Duke representa a más de un centenar de saharauis de todos los territorios ocupados y de los campos de refugiados de Tinduf, quienes siguen la sesión de manera telemática. Santiago pidió al Congreso no aceptar una abstención, calificándola como estar del lado de Marruecos, y solicitó por unanimidad el reconocimiento de lo que muchos han utilizado contra el Partido Socialista señalando su hipocresía. El diputado agradeció a Enrique Santiago, Martina de Po, Podemos, John, Giuseppe Di Juns, Francesc Mar de Esquerra Republicana, Artemi del Partido Socialista y a la señora Moro del Partido Popular, indicando que gracias a esta última se consiguió pasar del voto en contra a la abstención. Santiago reivindicó la buena política y pidió que todos votaran a favor en nombre del pueblo saharaui, asegurando que la ley no es de ningún gobierno sino de todo un pueblo, y confió en que hoy se iniciara el camino para recuperar la memoria con justicia y reparación. Asimismo, agradeció a la presidenta de la Cámara, descriéndola como el mejor ejemplo de una madre de acogida que comprendió que acoger a un niño saharaui es un acto político y no solo de solidaridad. Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ocesíñiguez, declaró que la Cámara puede reconocer una injusticia histórica sin cometer una nueva irresponsabilidad y proteger el valor de la nacionalidad española. El diputado señaló que el Sahara forma parte de la historia de España desde el tratado de Tetuán en 1860 y las expediciones de Emilio Bonelli en 1884, y recordó que en 1958 fue constituido como provincia con procuradores en cortes. Ocesíñiguez citó palabras del ex procurador saharaui Zulem Aziz, quien dijo que se quería seguir unido a España hasta el 6 de noviembre de 1975 y la marcha verde, y mencionó el real decreto de 10 de agosto de 1976 por el cual los saharauis pudieron optar a la nacionalidad española. El portavoz del PP argumentó que perder esa provincia debilitó la seguridad estratégica de Canarias y multiplicó los contenciosos con Marruecos, y afirmó que la nacionalidad española no puede ser una indemnización por la historia de ayer ni un gesto estratégico o electoral, sino el vínculo más preciado con una patria. Ocesíñiguez explicó que la ley permite conceder la nacionalidad sin residencia legal previa y sin exigir en todos los casos el certificado de antecedentes penales, pero advirtió sobre documentos de fácil falsificación y criticó que se pueda solicitar la nacionalidad a personas nacidas en el Sahara hasta septiembre de 1977. El diputado del PP acusó al gobierno de entregar la nacionalidad desde hace demasiado tiempo, citando que desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 se ha concedido a más de un millón y medio de extranjeros, de los cuales 350 mil son marroquíes que no renuncian a su nacionalidad original. Ocesíñiguez insistió en que para adquirir la nacionalidad es obligatorio conocer la historia y lengua común, respetar la identidad y cultura, y que cualquier extranjero naturalizado debe perderla si comete delito en España. También denunció trampas y engaños detrás de la ley de nietos del PSOE y criticó la falta de identificación al votar por correo en el extranjero comparada con la exigida en España. Finalmente, declaró que Vox no aceptará la ley aunque reconozca el honor a quienes defendieron las banderas españolas. Por su turno, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Gallo Lombarte, afirmó que las derechas nunca sorprenden y criticó el discurso de desprecio hacia los saharauis. Señaló que el Partido Popular jugó a confundir en el debate de la toma en consideración por oportunismo contra el PSOE pero mostró indiferencia absoluta, votando a favor en la toma en consideración, en contra en ponencia y absteniéndose en comisión. Gallo Lombarte declaró que hoy se reconoce la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española y sus descendientes, definiendo el acto como una soberanía de un parlamento democrático libre y ejemplar con los derechos humanos por bandera. El diputado del PP afirmó que no se trata de una concesión graciosa ni de adulteración del censo electoral, sino de reponer un derecho reconocido hace medio siglo, y detalló que la ley permitirá acceder a la nacionalidad tras dos años de residencia legal o por acuerdo del Consejo de Ministros atendiendo circunstancias históricas excepcionales. Gallo Lombarte recordó el inmenso caudal de solidaridad recibido durante casi medio siglo y mencionó a más de cien mil familias españolas que acogieron a niños saharauis, pidiendo gratitud y reconocimiento. Agradeció especialmente a Tez Cidí por su empeño y perseverancia, y reconoció el impulso y liderazgo del Partido Socialista Obrero Español y el compromiso histórico del PSOE con los saharauis desde hace 50 años, declarando que su partido está en el lado correcto de la historia. Tras las intervenciones, se procedió a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley. El Congreso votó las enmiendas 25, 26 y 30 con 139 votos a favor, 207 en contra y una abstención, no aprobándose estas enmiendas. Posteriormente, se votó el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular con 347 votos emitidos, 169 a favor, 177 en contra y una abstención, tampoco aprobándose estas enmiendas.

Debate sobre la crisis de seguridad en Ceuta y Melilla

A continuación, se pasó al punto relativo a la proposición no de ley para una respuesta de Estado ante la crisis de seguridad nacional en Ceuta y garantizar el futuro de Ceuta y Melilla. La señora Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, presentó la iniciativa y defendió la enmienda, señalando que el CNI alertó el 29 de julio al gobierno y a Marruecos de un asalto masivo y que Marruecos dejó abierta la frontera dejando indefensa a Ceuta. La diputada del PP afirmó que no se va a especular sobre las razones de la sumisión a Marruecos ni sobre las condecoraciones para tan poco coraje, sino a combatir la resignación y defender la soberanía. Álvarez de Toledo declaró que lo que se ve en Ceuta no es una crisis migratoria sino una invasión híbrida donde Marruecos lanza contra las fronteras 70 mil personas obteniendo impunidad y ventajas. La diputada preguntó si puede consentirse que un estado extranjero abra una frontera española y lance a ella miles de personas, respondiendo rotundamente no y calificando la situación como un chantaje perverso. Álvarez de Toledo afirmó que Ceuta y Melilla son España, no se negocian ni comparten, no habrá cosoberanía y ninguna agresión tendrá recompensa política sino respuesta. Finalmente, pidió la devolución de todos los asaltantes con expediente individual conforme a la ley, incluidos los menores, para protegerlos y demostrar en Rabat que el chantaje no funcionará jamás.

En el Congreso de los Diputados se han desarrollado diversos debates sobre la situación en Ceuta, donde distintos grupos parlamentarios han presentado propuestas y críticas al gobierno. El primer orador, identificado como SPEAKER_00, cuestionó la gestión gubernamental, señalando que el gobierno presumió de tramitar 609 mil 737 expedientes de regularización en dos meses y medio, mientras que en Ceuta apenas se registraron mil triajes en 40 días. Este diputado afirmó que no faltan medios, sino voluntad, y propuso paralizar la regularización masiva para volcar esos recursos en Ceuta. Asimismo, sugirió